Luis Felipe
Telefónica evalúa vender Movistar Venezuela, según una información publicada por Bloomberg el 25 de septiembre. La operación todavía no existe: la multinacional española no ha confirmado una venta, no se conoce un comprador y las conversaciones preliminares citadas por el medio no prosperaron.
Según reveló Bloomberg este 25 de septiembre —firmado por Rodrigo Orihuela, Andreina Itriago y Ezra Fieser—, la multinacional española estaría estudiando, gracias a «personas familiarizadas con el asunto» (el eufemismo favorito del periodismo para «alguien que no quiere dar la cara»), reactivar el proceso para vender Telefónica Venezolana, la dueña de Movistar. ¿La empresa confirmó algo? Por supuesto que no: declinó comentar, que es la forma corporativa de decir «ni sí ni no, pero tampoco me pregunten más» (bloomberglinea.com). Así que, para ser honestos desde el arranque: no hay venta. Hay rumor con fuente seria. Es la diferencia entre un noviazgo real y un «me gusta tu perfil pero no te he escrito».
Lo curioso —lo verdaderamente sabroso— es que esta hipotética fuga no llega porque el negocio esté en cuidados intensivos. Todo lo contrario: Telefónica Venezolana cerró 2025 con un resultado positivo de 71,99 millones de euros, según las cuentas de Telefónica Hispanoamérica examinadas por El País/Cinco Días (elpais.com). O sea: la filial gana plata, pero eso no significa que esa plata pueda salir del país tan fácil como salió Telefónica de Argentina, Uruguay y Ecuador. Porque junto a ese número alegre conviven unas reservas negativas acumuladas de 590,07 millones de euros, que es el tipo de detalle contable que los comunicados de prensa prefieren no mencionar en el primer párrafo.
Mientras tanto, en febrero de 2025 la compañía anunció, con bombos, platillos y el entonces presidente local José Luis Rodríguez Zarco al micrófono, una inversión de US$500 millones para modernizar la red 4G y desplegar 5G, con 805 nodos proyectados y más de 6.000 «acciones de red» en el año (telefonica.com.ve). Ojo: eso es lo que se anunció, no lo que necesariamente se ejecutó. Es la diferencia entre decir que vas a correr una maratón y efectivamente correrla; el comunicado no trae el certificado de meta.
¿Y quién sería el comprador de esta joya con reservas negativas? Ahí es donde la historia se pone más interesante que cualquier culebrón. Bloomberg menciona conversaciones preliminares con ejecutivos del LARA Fund, un vehículo de inversión con sede en Miami cofundado —según la prensa, aunque los papeles del propio fondo lo describen simplemente como socio gerente— por Mauricio Claver-Carone, expresidente del BID. Pero antes de imaginarnos al fondo firmando cheques, hay que decir la parte incómoda: esas charlas no prosperaron, y el propio Claver-Carone salió a aclarar que su fondo «no está buscando activamente ninguna operación en Venezuela» porque está ocupado cerrando negocios en otros países (bloomberglinea.com). Traducción libre: «no me llamen, yo los llamo a ustedes.»
Pero el verdadero platillo fuerte de este expediente no es la venta que todavía no existe. Es el pasado que Telefónica ya admitió, con nombre, apellido y firma ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2014, según el propio acuerdo judicial (caso 24-CR-633, presentado en Nueva York el 8 de noviembre de 2024), Telefónica Venezolana incorporó aproximadamente US$28,87 millones en pagos corruptos al precio inflado de equipos, dinero que viajó a través de intermediarios y una sociedad instrumental panameña —porque nada dice «negocio limpio» como una empresa fantasma en Panamá— para beneficiar a funcionarios venezolanos y así conseguir acceso preferencial a dólares en la subasta SICAD de 2014. Entre dos esquemas relacionados, consiguieron más de US$110 millones, casi el 65% de todo lo que se repartió entre 16 compañías en esa subasta. Más de US$22 millones de esos pagos corruptos pasaron, para más ironía, por bancos corresponsales de Nueva York, la misma ciudad donde después terminarían firmando el acuerdo para pagar la multa.
¿Y en qué se fue parte de ese dinero, según el propio expediente? En más de US$500.000 de vacaciones en San Bartolomé y unos US$605.000 en relojes y joyas (justice.gov). Así que mientras la empresa necesitaba dólares oficiales para comprar antenas, alguien más los estaba usando para comprar Rolex. La factura final de esa fiesta: US$85,26 millones en multa penal, más tres años de vigilancia de cumplimiento que, a septiembre de 2026, siguen corriendo.
Con ese historial, quizás lo más honesto que se puede decir es esto: Telefónica no está huyendo de un negocio en quiebra. Está intentando salir, con la puerta todavía sin abrir, de un país donde ganar dinero y poder llevárselo a casa resultaron ser dos cosas completamente distintas —y donde, para conseguir los dólares que necesitaba, terminó pagando el peaje más caro de todos: el de su propia reputación.
